Ensayo
¿Está preparada Nicaragua para una
transición sostenible hacia la movilidad eléctrica?
Is Nicaragua
Ready for a Sustainable Transition to Electric Mobility?
Alina
Gabriel Olivas Barreda
Estudiante de la Maestría en Transiciones Energéticas
Universidad Nacional de Rosario-Argentina
https://orcid.org/0009-0008-0965-2941
DOI:https://doi.org/10.62407/g8tncw17
Recibido:20/05/2026
Aceptado: 22/06/2026
Resumen
El
transporte es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto
invernadero, por lo que la electromovilidad constituye una estrategia clave
para mitigar el cambio climático. Este ensayo evalúa la
situación actual de la movilidad eléctrica en Nicaragua bajo un enfoque
cualitativo, documental y comparado, analizando sus impactos y desafíos desde
una perspectiva tecnológica, socioeconómica, de sostenibilidad y jurídica.
El país cuenta con condiciones altamente competitivas, con
una matriz eléctrica anual del 83% de fuentes renovables, maximizando el
beneficio ambiental de la transición. No obstante, la eficacia de las
medidas de fomento contenidas en la Ley N.º 1111 requiere complementarse con el
desarrollo reglamentario y técnico derivado de las atribuciones regulatorias
que la misma norma confiere. El estudio identifica oportunidades de
fortalecimiento normativo prioritarias en el establecimiento de las
disposiciones secundarias para los centros de carga y la comercialización de
energía a terceros, las reglas de interoperabilidad técnica y la planificación
para las flotas del sector público y el transporte colectivo. Al contrastar estos elementos con las tendencias del
derecho comparado en la región, se concluye que la certidumbre jurídica y la
previsibilidad, constituyen las herramientas esenciales para garantizar la
estandarización operativa, otorgar claridad procedimental a los administrados y
estructurar un escenario de inversión a largo plazo. Finalmente,
se recomienda la formalización legal de la Estrategia Nacional y el desarrollo
de normativa técnica secundaria adaptada a la realidad del sector eléctrico
nacional.
Palabras
Clave: Movilidad Eléctrica, Incentivos Fiscales, Seguridad Jurídica,
Abstract
Transportation is one of the main sources of greenhouse
gas emissions; therefore, electric mobility constitutes a key strategy for
mitigating climate change. This essay evaluates the current state of electric
mobility in Nicaragua through a qualitative, documentary, and comparative
approach, analyzing its impacts and challenges from technological,
socioeconomic, sustainability, and legal perspectives. The country possesses
highly competitive conditions, with an electricity matrix that annually derives
83% of its generation from renewable sources, thereby maximizing the
environmental benefits of the transition. Nevertheless, the effectiveness of
the promotion measures established under Law No. 1111 requires further support
through the regulatory and technical development arising from the regulatory powers
conferred by the law itself. The study identifies priority opportunities for
regulatory strengthening, particularly in the establishment of secondary
provisions governing charging centers and the commercialization of electricity
to third parties, technical interoperability rules, and planning mechanisms for
public-sector fleets and collective transportation. By contrasting these
elements with trends observed in comparative law across the region, the study
concludes that legal certainty and predictability constitute essential tools
for ensuring operational standardization, providing procedural clarity for
stakeholders, and creating a stable framework for long-term investment.
Finally, the study recommends the legal formalization of the National Strategy
and the development of secondary technical regulations adapted to the realities
of the national electricity sector.
Keywords: Electric Mobility, Fiscal Incentives, Legal
Certainty
1. Introducción
El cambio climático es uno de los
mayores desafíos de política global en la actualidad. Si se mantienen las
tendencias actuales, se estima que, para finales de siglo, el incremento de la
temperatura terrestre llegará a 3°C por encima de los niveles preindustriales
Ogunkunbi y Meszaros
(2023), señalan que el transporte consume una cuarta parte de la energía final
mundial y genera el 40% de las emisiones globales en todos los sectores de uso
final. El 90% de estas emisiones provienen de combustibles derivados del
petróleo. El sector está creciendo a un ritmo mayor que la mayoría de los demás
y se proyecta que sus emisiones se dupliquen para 2050
En este contexto, la movilidad
eléctrica emerge como una solución clara para combatir la contaminación del
aire y el calentamiento global
En Nicaragua, la movilidad eléctrica
ha iniciado un proceso de desarrollo gradual, vinculado estrechamente con la
matriz energética nacional, que cuenta con una alta participación de fuentes
renovables. Esto permite que la demanda eléctrica generada por el transporte,
sea cubierta principalmente con energía limpia, potenciando los beneficios
ambientales de esta transición (Olivas, 2025). En los últimos años, se ha
desplegado una red inicial de estaciones de recarga en puntos estratégicos que
continúa en constante expansión, cada uno de estos alimentados por energía
solar; sin embargo, su distribución sigue concentrada en zonas urbanas.
Pese a estos avances, persisten
desafíos estructurales que inciden en el desarrollo sostenible y equitativo de
la electromovilidad. Desde la perspectiva del Derecho, la configuración del marco
regulatorio secundario es un factor clave para consolidad la seguridad jurídica
y previsibilidad, elementos esenciales para fortalecer la certidumbre de los
operadores y de los diversos actores dentro este marco emergente.
Ante esta realidad,
se vuelve pertinente analizar el alcance y la complementariedad de la respuesta
normativa actual frente al proceso de transición. Puesto que el diseño jurídico
sectorial se encuentra en etapa inicial, la promulgación de la Ley N.º 1111 y
sus incentivos fiscales, constituyen un avance significativo, cuya plena
operatividad técnica requiere del desarrollo de los reglamentos previsto en el
ordenamiento. Por lo tanto, esta investigación se justifica como un estudio
técnico-jurídico orientado a definir las precisiones normativas idóneas en el
contexto local.
En este contexto, el presente estudio
tiene como propósito evaluar la situación actual de la movilidad eléctrica en
Nicaragua, a través de un análisis documental y comparativo que aborde sus
avances y desafíos desde una perspectiva tecnológica, socioeconómica., de
sostenibilidad y jurídica El objetivo es
ofrecer un diagnóstico cualitativo integral y sobre la base de la seguridad
jurídica y la eficacia operativa, formular recomendaciones que orienten una
transición sostenible, alineado con los compromisos climáticos internacionales
y la realidad del ordenamiento jurídico nacional.
Este ensayo se
organiza de la siguiente manera: tras esta sección introductoria, en la sección
2 se presentan los antecedentes históricos y apuntes sobre el estado del arte
de la electromovilidad a nivel global y regional. En la sección 3 se aborda la
dimensión internacional y los compromisos de Estado asumidos por el país.
Posteriormente, en la sección 4 se analiza el marco regulatorio y las políticas
públicas sectoriales en Nicaragua, dando paso a la sección 5, donde se examinan
los marcos regulatorios de movilidad eléctrica de Costa Rica, Panamá, Salvador
y Cuba, desde la perspectiva del derecho comparado. La sección 6 evalúa de
forma cualitativa los impactos socioeconómicos, tecnológicos y de
sostenibilidad en el contexto nacional. Finalmente, en la sección 7 se
profundiza en los desafíos normativos y la seguridad jurídica en la
electromovilidad local, para cerrar en la sección 8 y 9 con las
correspondientes conclusiones y recomendaciones.
2. Antecedentes
La historia de la movilidad eléctrica
se remonta a finales del siglo XIX, cuando los vehículos eléctricos superaban
en popularidad y en ventas a los de gasolina en Estado Unidos
Tras un breve resurgimiento en los
años 90 en California, que impulsó la tecnología híbrida de Toyota
En América Latina y
el Caribe el avance es más heterogéneo y lento. Aunque en 2022 las 50,000
unidades vendidas representaban apenas el 0.15% global
En Nicaragua, la movilidad eléctrica es aún incipiente,
aunque en los últimos años se han dado los primeros pasos hacia su inserción;
en el año 2022 se habilitaron los primeros 67 puntos de carga en el país, con
la particularidad de funcionar totalmente con energía solar
Esta realidad local
se alinea con los diagnósticos regionales; al respecto, el Libro Blanco de la
Movilidad Eléctrica para América Latina y el Caribe
Bajo la óptica de la teoría general
del Derecho, la calidad y sostenibilidad de esta transición energética, depende
directamente de su claridad normativa. Al respecto,
La revisión de los antecedentes
evidencia que la investigación sobre movilidad eléctrica ha evolucionado desde
los datos estadísticos globales hacia el análisis de sus implicaciones jurídicas.
Al situar este balance en el contexto de Nicaragua, perspectivas actuales como
las de
3. Dimensión internacional y compromisos de Estado
La
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la
Agenda 2030 de Naciones Unidas, proporcionan un marco integral de referencia.
Mientras que el ODS 7 promueve acceso a energía asequible y limpia y el ODS 11
apuesta por el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, el ODS 13
exige la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático. En
materia de transporte, las convergencias de estos objetivos se traducen de
forma práctica en la electrificación de flotas, el despliegue de redes de
recarga alimentadas por fuentes renovables y la promoción de modos de movilidad
no contaminantes
En el plano económico y de desarrollo, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) destaca que las políticas de
energías limpias no solo benefician al medioambiente, sino que también
estimulan la innovación industrial, la creación de empleos y la competitividad
4. Marco regulatorio y políticas públicas de la
movilidad eléctrica en Nicaragua
Estos compromisos internacionales encuentran
respaldo directo en el ordenamiento Constitucional nicaragüense. En sus
artículos 54 y 102; la Constitución Política reconoce explícitamente el derecho
de los ciudadanos a habitar a un ambiente saludable, así como la obligación del
Estado de preservar, conservar y rescatar los recursos naturales. Para ello,
confiere el poder público la facultad de dictar las políticas de planificación
económica orientadas al desarrollo sostenible del país (Asamblea Nacional, 2025) .
En
este contexto, el impulso a la movilidad eléctrica en Nicaragua, se ha
materializado principalmente a través de instrumentos normativos de carácter
fiscal y técnico. El hito más significativo lo constituye la Ley N.º 1111 “Ley de Reforma
y Adiciones a la Ley N.º 554, Ley de
Estabilidad Energética”
Figura No 1.
Exoneraciones de vehículos eléctricos
Fuente:
De
forma complementaria, el Acuerdo
Ministerial N.º 011-2022 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, estableció
los procedimientos y requisitos técnicos para acceder a estos incentivos,
consolidando así un marco normativo favorable a la adopción de tecnologías más
limpias
4.1 Políticas Públicas que orientan la movilidad
eléctrica en Nicaragua.
En
el plano de las políticas públicas orientadas a operativizar los compromisos
climáticos, Nicaragua ha mostrado avances graduales a través de diversos
instrumentos de planificación sectorial. La manifestación primordial de esta
política estatal se plasma en la segunda actualización de la Contribución
Nacional Determinada
En
consonancia con esta visión global, los esfuerzos a nivel nacional iniciaron su
articulación técnica mediante la Política Nacional de Cambio Climático,
presentada ante la Asamblea Nacional en 2022, la cual incorporó los primeros
lineamientos generales dirigidos a promover la transición hacia un modelo de
transporte bajo en emisiones
Finalmente,
en 2022 se presentó un borrador de la Estrategia Nacional de Movilidad
Eléctrica con acompañamiento técnico internacional
5.
Marcos regulatorios regionales de
movilidad eléctrica desde la perspectiva del derecho comparado
Examinar
las experiencias de Costa Rica, Panamá y El Salvador, países con condiciones
socioeconómicas y energéticas similares, permite extraer lecciones sobre los
avances, desafíos y marcos jurídicos que han favorecido el desarrollo de la
movilidad eléctrica en la región, aplicables al contexto nicaragüense.
Asimismo,
se considera el caso de Cuba que pese a enfrentar un prolongado bloqueo
económico, ha logrado avances en la adopción de vehículos eléctricos ligeros y
transporte colectivo
Costa Rica
Se ha consolidado como un
referente regional en movilidad eléctrica mediante la implementación de la Ley
N.º 9518 “Incentivos y promoción para el transporte eléctrico”
Esta normativa se complementa
con el Plan Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030
Asimismo, el ordenamiento
costarricense cuenta con un procedimiento administrativo formalmente
establecido para la aplicación práctica de este beneficio. El Estado dispone de
una guía detallada de pasos institucionales orientada a que los usuarios gestionen
la exoneración del impuesto a la propiedad ante el Ministerio de Hacienda,
asegurando la viabilidad del trámite y la certeza jurídica de los administrados
Adicionalmente, el modelo
regulatorio costarricense cuenta con mecanismos de fijación tarifaria de oficio
emitidos por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
Muestra de ello es la existencia de resoluciones específicas de la Intendencia
de Energía, como la RE-0020-IE-2023, mediante las cuales el Estado establece de
forma técnica las tarifas aplicables en los centros de recarga rápida por
tiempo de uso, garantizando la certeza de costos dentro del mercado energético
Panamá
Recientemente se ha
incorporado un marco legal para impulsar la movilidad eléctrica mediante la Ley
N.º 295 “Que incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte Terrestre”
Este
marco jurídico se complementa con la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica
El Salvador
El Salvador, por su parte,
cuenta con un marco normativo vigente a través de la Ley de Fomento e
Incentivos para la Importación y Uso de Medios de Transporte Eléctricos e
Híbridos
Cuba
A
pesar del prolongado bloqueo económico y las limitaciones financieras, Cuba ha
iniciado esfuerzos hacia la movilidad eléctrica mediante proyectos piloto y la
incorporación progresiva de vehículos eléctricos en flotas estatales y
transporte público. Aunque no existe
una ley específica, sí cuenta con una estrategia nacional de movilidad eléctrica
que establece lineamientos para infraestructura, promoción de vehículos
eléctricos y metas de adopción
5.1 Análisis comparado y su aplicación al fortalecimiento de la
movilidad eléctrica en Nicaragua.
El análisis comparado evidencia que los países de la región que han logrado avances en movilidad eléctrica no se han limitado a establecer incentivos tributarios para la adquisición de vehículos eléctricos, sino que han construidos ecosistemas regulatorios integrales que combinan planificación estratégica, metas vinculantes, regulación técnica e instrumentos de gestión ambiental. Desde esta perspectiva, la experiencia regional ofrece importantes lecciones para fortalecer del marco jurídico nicaragüense.
La Ley N.º 1111 “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N.º 554, Ley de Estabilidad Energética" constituye un avance significativo al reducir las barreras económicas de acceso mediante exoneraciones fiscales. No obstante, el estudio comparado demuestra que los incentivos económicos por si solos, son insuficientes para garantizar una transformación estructural del sector transporte. Los casos de Costa Rica y Panamá muestran que la incorporación de objetivos obligatorios de electrificación para las flotas estatales y el transporte público generan señales regulatorias claras y predecibles para los inversionistas, promueve economías de escala y acelera la creación de mercados especializados. En consecuencia, Nicaragua podría fortalecer su marco normativo mediante la adopción de metas progresivas de electrificación para las instituciones públicas y sistemas de transporte colectivo, vinculadas a mecanismos de seguimiento y evaluación periódica.
Asimismo, la experiencia costarricense pone de relieve la importancia de complementar los incentivos legales con procedimientos administrativos claros y accesibles. La existencia de guías institucionales específicas para la aplicación de beneficios fiscales y de mecanismos tarifarios regulados para la recarga eléctrica contribuye a reducir la incertidumbre jurídica y facilita la adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, la evolución del marco regulatorio ofrece oportunidades para consolidar disposiciones secundarias que fortalezcan la claridad de los procedimientos, la estandarización técnica y la tutela de los derechos de los usuarios del sistema.
Por otra parte, Panamá y El Salvador evidencian una tendencia regulatoria emergente en América Latina: la incorporación del principio de responsabilidad ambiental a lo largo del ciclo de vida de los vehículos eléctricos, incluyendo la gestión de baterías de ion-litio. Esta aproximación resulta relevante para Nicaragua, donde el marco jurídico ambiental ya contempla el manejo de residuos peligrosos, pero no desarrolla disposiciones específicas aplicables a los residuos derivados de la movilidad eléctrica. En este contexto, y en el marco de las competencias de MARENA, el desarrollo de lineamientos técnicos específicos podría fortalecer la gestión integral de estos residuos.
Desde una perspectiva de gobernanza, las experiencias analizadas demuestran que la planificación estratégica constituye un elemento indispensable para coordinar la actuación de las instituciones públicas y orientar las inversiones privadas. Costa Rica, Panamá y Cuba han desarrollado instrumentos de planificación con metas, cronogramas y responsabilidades institucionales definidas, lo que ha permitido alinear las políticas de transporte, energía y medio ambiente. En el caso de Nicaragua, si bien no se cuenta con una estrategia nacional específica de movilidad eléctrica formalmente adoptada como instrumento único y vinculante, existen esfuerzos dispersos y lineamientos sectoriales que abordan la materia. En este sentido, su fortalecimiento mediante mecanismos formales de planificación, seguimiento y actualización podría contribuir a dotar al sector de mayor coherencia institucional, estabilidad regulatoria y previsibilidad.
Finalmente, la experiencia
cubana aporta una reflexión particularmente relevante para el contexto
nicaragüense: el avance de la movilidad eléctrica no depende exclusivamente de
la disponibilidad de recursos económicos, sino también de la capacidad institucional
para diseñar políticas públicas coherentes y de largo plazo. Este aspecto
adquiere especial importancia considerando que Nicaragua posee una ventaja
comparativa significativa derivada de su matriz eléctrica predominantemente
renovable (82%-83% según el
6. Impactos
de la movilidad eléctrica en Nicaragua
Socioeconómicos
La
electrificación del transporte genera importantes beneficios socioeconómicos a
nivel global y regional. Aunque los vehículos eléctricos presentan costos de
adquisición superiores a los convencionales, los ahorros acumulados en
combustibles y mantenimiento, juntos con los beneficios ambientales y
sanitarios, favorecen su viabilidad económica a largo plazo
En
Nicaragua, operar un vehículo eléctrico cuesta aproximadamente 3.24 dólares por
cada 100 km, frente a 10.19 dólares de un vehículo de combustión interna, lo
que representa un ahorro significativo para los usuarios
Asimismo,
la expansión de la movilidad eléctrica tiene el potencial de atraer inversiones
y generar nuevas oportunidades económicas. La existencia de infraestructura de
carga operativa y de un marco regulatorio favorable, puede incentivar a
empresas de los sectores automotriz, energético y tecnológico a establecer
operaciones promoviendo la innovación, la transferencia tecnológica y
fortalecimiento de capacidades locales
De
igual forma, la adopción de vehículos eléctricos, puede impulsar la creación de
empleos especializados en mantenimiento, instalación de estaciones de carga,
gestión energética y desarrollo de software relacionado con la movilidad
inteligente
Tecnológicos
La movilidad eléctrica impulsa
la modernización de la red y la incorporación de tecnologías innovadoras como
estaciones de carga, sistemas inteligentes de gestión de la demanda y
almacenamiento. Al respecto, aunque registros previos documentaron poco más de
67 puntos de cargas a nivel nacional, concentrados principalmente en áreas
urbanas
Sostenibilidad
Desde
una perspectiva ambiental, la movilidad eléctrica constituye una herramienta
clave para la mitigación del cambio climático y mejorar la calidad del aire al
reducir las emisiones de CO₂ y otros contaminantes asociados al transporte
terrestre
A nivel global, la movilidad eléctrica
mantiene una tendencia de crecimiento sostenido. La Agencia Internacional de
Energía (IEA), estima que los vehículos eléctricos
representaron alrededor del 20 % de las ventas mundiales de automóviles en 2024
y proyecta que esta participación podría alcanzar cerca del 50 % para 2035.
Esta expansión contribuiría a reducir de manera significativa la demanda de
petróleo y las emisiones asociadas al sector transporte, fortaleciendo los
esfuerzos internacionales de descarbonización
En el caso nicaragüense, estos
beneficios ambientales de la movilidad eléctrica, se potencian debido a
que gran parte de la generación eléctrica proviene de fuentes renovables.
Mientras que en años anteriores las fuentes limpias rondaban el 70%
Un aspecto relevante, es que las
estaciones de carga locales ya integran sistemas fotovoltaicos
7. Desafíos
Integrales de Regulación y Seguridad Jurídica en la Electromovilidad
La transición hacia la movilidad eléctrica en Nicaragua enfrenta desafíos estructurales que dificultan su consolidación como estrategia de descarbonización del sector transporte. Aunque el país cuenta con condiciones favorables, como una matriz de generación eléctrica mayoritariamente renovable, persisten barreras legales, económicas y técnicas que limitan su avance.
Desde la perspectiva dogmática,
la seguridad jurídica, entendida como la certeza del derecho y la
previsibilidad de su aplicación, se erige como eje cardinal del Estado de
Derecho
La normativa vigente reconoce la figura de los centros de recarga y habilita su operación y comercialización de energía eléctrica para vehículos eléctricos, asignando al Ministerio de Energía y Minas (MEM) la facultad de regular su autorización e instalación. No obstante, su desarrollo se centra principalmente en el reconocimiento y habilitación institucional de esta actividad y es necesario afinar un régimen técnico integral que regule de manera detallada la planificación, expansión y estandarización de la infraestructura de recarga como componente del sistema de movilidad eléctrica. Esto incide en el funcionamiento del mercado, especialmente en la incerteza respecto del régimen tarifario aplicable a la recarga pública y la ausencia de una regulación precisa sobre los sujetos autorizados para comercializar el servicio de carga.
El fortalecimiento de la articulación
entre la planificación del sistema eléctrico y las reglas del sector transporte
incidirá en la coherencia del marco institucional, incrementará la resiliencia
del sistema y promoverá un avance efectivo hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
En esa misma línea, Michelena, Iannuzzi y Barafani
A estas barreras legales se
suman factores económicos, como el alto costo de adquisición de los vehículos
eléctricos y la escasez de opciones de financiamiento verde
Adicionalmente, la falta de
información precisa y accesible sobre la movilidad eléctrica y la
infraestructura de carga, limita la disposición de los consumidores a realizar
la transición, ya que muchos desconocen tanto los beneficios de los vehículos
eléctricos como la ubicación y disponibilidad de estaciones de recarga
Como reflejo adaptativo ante estas dinámicas regulatorias y comerciales, las tendencias actuales de consumo en el país muestran un comportamiento particular. Aunque en las vías nacionales ya es notable la circulación de vehículos con tecnologías más limpias, se percibe una preferencia inicial hacia los modelos híbridos no enchufables. Esta tecnología representa una alternativa intermedia y accesible para los usuarios, quienes logran optimizar el consumo de combustible de forma inmediata mientras el marco operativo continúa su proceso de consolidación gradual a nivel nacional.
8. Conclusiones
Nicaragua dispone de
condiciones estructurales que favorecen la transición hacia la movilidad
eléctrica, destacándose su elevada participación de fuentes renovables en la
generación de electricidad y la ausencia de reservas probadas de combustibles
fósiles. Estas características convierten a la electrificación del transporte
en una alternativa viable para avanzar simultáneamente en los objetivos de
descarbonización, sostenibilidad y seguridad energética del país
La movilidad eléctrica
debe entenderse como una transformación sistémica más que como un simple cambio
tecnológico. Su consolidación requiere la articulación de políticas públicas,
marcos regulatorios, infraestructura, financiamiento, capacidades
institucionales y participación del sector privado, configurando un ecosistema
que permita acelerar su adopción de manera ordenada y sostenible.
La transición hacia la
movilidad eléctrica representa una oportunidad estratégica (i.e., soberanía energética) para Nicaragua, con potencial para
generar beneficios ambientales, económicos y energéticos de largo plazo. No
obstante, el aprovechamiento de estas oportunidades dependerá de la capacidad
del país para fortalecer la seguridad regulatoria, coordinar a los actores
relevantes y desarrollar una visión de largo plazo que garantice la
implementación efectiva de esta transformación.
9. Recomendaciones
1. Valorar una reforma integral a la Ley N.º 1111 que active su eficacia operativa y delimite con claridad las competencias de los actores del sector.
2. Crear o fortalecer un procedimiento administrativo unificado, para la aplicación práctica de los incentivos fiscales de la Ley N.º 1111.
3. Definir e implementar una estrategia nacional de movilidad eléctrica con objetivos claros, plazos definidos y mecanismos de seguimiento que orienten su desarrollo a mediano y largo plazo.
4. Emitir la regulación técnica para la autorización, instalación y operación de centros de carga.
5. Fomentar la implementación de mecanismos financieros inclusivos, como créditos verdes y subsidios parciales, orientados específicamente a mitigar el riesgo de la inversión privada y a viabilizar la renovación tecnológica de las flotas comerciales y del transporte colectivo.
6. Establecer mandatos obligatorios graduales de electrificación para las flotas del Estado.
7. Fomentar la formación de capital humano especializado a nivel técnico y profesional en tecnologías de electromovilidad, en coordinación con el sector académico y las cámaras sectoriales.
8. Mandatar al MARENA a emitir lineamientos técnicos específicos para el ciclo de vida, desecho, reciclaje y aprovechamiento en "segunda vida" de las baterías de ion-litio usadas.
9. Estructurar campañas de información pública que reduzcan el escepticismo social, asegurando un proceso de transición justa donde los beneficios tecnológicos y ambientales no se concentren exclusivamente en estratos con alto poder adquisitivo.
10. Orientar
la planificación de la electromovilidad hacia la soberanía energética del país
mediante salvaguardas legales que prioricen la generación renovable local,
reduciendo la dependencia de los hidrocarburos
11. Referencias
ARESEP.
(2023). Resolución RE-0020-IE-2023. Fijación tarifaria de oficio aplicable
en los centros de recarga rápida para vehículos eléctricos (T-VE) por tiempo
de uso (Expediente ET-109-2022). La Gaceta N.o
54.
Asamblea
Nacional. (2025). Constitución Política de la República de Nicaragua. In La
Gaceta Diario Oficial.
Asamblea
Nacional-La Gaceta Diario Oficial. (2022). Ley N°.
1111 Ley de Reforma y Adiciones a la Ley
N°554,Ley de Estabilidad Energética.
http://legislacion.asamblea.gob.ni/SILEG/Gacetas.nsf/5eea6480fc3d3d90062576e300504635/25b47ecd6fffd648062587f100764009/$FILE/Ley%20N%C2%B0.%201111%20Ley%20de%20Reforma%20y%20Adiciones%20Ley%20N.%20554,%20Estabilidad%20Energ%C3%A9tica.pdf
ASOMOVE.
(2018). Pasos para la exoneración del impuesto a la propiedad a vehículos
eléctricos nuevos. https://asomove.org/assets/documentos/62c0e.pdf
Beltrán,
C., Rivas, M. E., & Calatayud, A. (2024). Transporte y cambio climático
en América Latina y el Caribe: Brechas de conocimiento y prioridades de
investigación.
BNEF. (2018, September 30). Comulative Global EV Sales Hit 4 Million.
Https://About.Bnef.Com/Insights/Clean-Transport/Cumulative-Global-Ev-Sales-Hit-4-Million/.
Briceno, C., Qiao, W., & Foster, V.
(2023). The Economics of
ELECTRIC VEHICLES for Passenger Transportation.
Cantarero, M. M. V. (2019). Decarbonizing
the transport sector: The promethean responsibility of Nicaragua. Journal
of Environmental Management, 245, 311–321.
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2019.05.109
CMNUCC. (1992). United Nations
Framework Convention on Climate Change. ONU.
CNDC.
(2026). Informes de Operación Mensual y Estadísticas del Sistema
Interconectado Nacional. Managua,
Nicaragua.
Collaço, F., & Meza, C. (2023).
Considerations on Energy Planning Evolution, Energy Transition, and
Sustainable Development Goals: Keynotes from Nicaragua. Springer.
Colmenar,
A., Borge, D., Collado, E., & Castro, M. (2015). Generación
distribuida, autoconsumo y redes inteligentes.
Costa
Rica. (2018). Ley N.o 9518: Incentivos y
promoción para el transporte eléctrico. La Gaceta, N.o
25. In La Gaceta, N.o 25.
Creutzig, Jochem,
P., Edelenbosch, O., Mattauch,
L., Vuuren, D., McCollum,
D., & Minx, J. (2015). Transport: A roadblock to climate change mitigation? Transport
Reviews, 350(6263), 911.
https://doi.org/10.1080/01441647.2015.1079277
Cuba
Herald. (2025, April 27). Cuba se sube al carro eléctrico en un país donde
los apagones son el combustible oficial.
Https://Cubaherald.Org/Cuba-Se-Sube-al-Carro-Electrico-En-Un-Pais-Donde-Los-Apagones-Son-El-Combustible-Oficial/.
De
La A, L. D. R., García Cedeño, J. A., Maldonado Ibarra, G. E., & Valdez
Ibarra, J. J. (2024). Desafíos y Oportunidades en la Infraestructura de Carga
para Vehículos Eléctricos en América Latina y el Caribe. Reincisol.,
3(6), 984–1007. https://doi.org/10.59282/reincisol.v3(6)984-1007
El
19 Digital. (2022, February 23). Conozca la
Política Nacional de Acción ante el Cambio Climático.
Https://Www.El19digital.Com/Articulos/Ver/Titulo:125655-Conozca-La-Politica-Nacional-de-Accion-Ante-El-Cambio-Climatico.
El
Salvador. (2021). Ley de Fomento e Incentivos para la Importación y Uso de
Medios de Transporte Eléctricos e Híbridos (Decreto Legislativo N.o 738). Diario Oficial de la República de El
Salvador. In Diario Oficial de la República de El Salvador, Tomo 431, N.o 95, 20 de mayo de 2021.
ENATREL.
(2022). Gobierno de Nicaragua Inaugura puestos de carga para vehículos eléctricos .
Https://Www.Enatrel.Gob.Ni/Gobierno-de-Nicaragua-Inaugura-Puestos-de-Carga-Para-Vehiculos-Electricos/.
ENATREL. (2023). https://www.enatrel.gob.ni/
Enel.
(2016). La movilidad eléctrica y sus ventajas.
Https://Www.Enelamericas.Com/Es/Historias/A202110-La-Movilidad-Elctrica-y-Sus-Ventajas0.Html.
Frías,
P., & Román, J. (2020). Vehículo Eléctrico: Situación actual y
perspectivas futuras.
Fuller, L. (1964). The Morality of law.
FUNDA.
(2024). Políticas de transición a la electromovilidad en países de ingresos
medios Política productiva.
GRUN.
(2025). Contribución Nacionalmente Determinada de Nicaragua.
Helmers, E., & Marx, P. (2012). Electric
cars: technical characteristics and environmental impacts.
http://www.enveurope.com/content/24/1/14
IEA. (2023). Global EV date eplorer.
Https://Www.Iea.Org/Data-and-Statistics/Data-Tools/Global-Ev-Data-Explorer.
IEA. (2024). Global EV Outlook 2024
Moving towards increased affordability. www.iea.org
IEA. (2025). Global EV Outlook 2025
Expanding sales in diverse markets. www.iea.org
IPCC. (2022). Climate Change 2022:
Impacts, Adaptation and Vulnerability.
IPS.
(2022, March 17). Movilidad eléctrica se abre paso en Cuba.
Https://Www.Ipscuba.Net/Espacios/Movilidad-Electrica-Se-Abre-Paso-En-Cuba/.
Martínez-Gómez,
J., & Espinoza, V. S. (2024). Challenges
and Opportunities for Electric Vehicle Charging Stations in Latin America. In World
Electric Vehicle Journal (Vol. 15, Number 12). Multidisciplinary Digital
Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/wevj15120583
Méndez,
J. C. (2023). Cambio climático y derechos humanos: Una revisión a los
compromisos internacionales y avances derivados del Acuerdo de París en
Centroamérica 2015-2022. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, 34(2).
https://doi.org/10.15359/rldh.34-2.11
Meza,
C. (2024). Construyendo y defendiendo la soberanía Revista Soberanía
energética de Nicaragua. Revista Soberanía. 12, 61–72.
Meza,
C., Amado, N. B., & Sauer, I. L. (2017). Transforming the Nicaraguan energy mix towards 100%
renewable. Energy Procedia,
138, 494–499. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.10.234
MHCP.
(2022). ACUERDO MINISTERIAL NO. 011-2022.
Michelena,
G., Iannuzzi, P., & Barafani,
M. (2023). Hacia una integración sostenible: el potencial de la
electromovilidad en América Latina y el Caribe. http://www.iadb.org
MINAE.
(2019a). Plan Nacional de Transporte Eléctrico. 2018-2030.
https://repositorio.mopt.go.cr/items/33dcae8e-f9ff-40fb-ac5c-d78647c32625
MINAE.
(2019b). Plan-Nacional-Descarbonización 2018-2050. Gobierno de Costa Rica.
https://cambioclimatico.minae.go.cr/wp-content/uploads/2019/11/PLAN-NACIONAL-DESCARBONIZACION.pdf
Ministerio
de la Presidencia. (2023). Decreto Ejecutivo N.o
51 de 15 de junio de 2023, que reglamenta la Ley 295 de 25 de abril de 2022,
que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre (Vol.
2023).
Mobility Portal Latinoamérica.
(2023). Nicaragua ¿avanza en materia de movilidad eléctrica en 2023?
Https://Mobilityportal.Lat/Nicaragua-Movilidad-Electrica-2023/.
MOVE.
(2020, November 27). Conforman Mesa Nacional para
impulsar movilidad eléctrica en Nicaragua.
Https://Mobilityportal.Lat/Conforman-Mesa-Nacional-Para-Impulsar-La-Movilidad-Electrica-En-Nicaragua/?Utm_source=chatgpt.Com.
Naciones
Unidas. (2015a). Organización de las Naciones Unidas. Acuerdo de París.
Naciones
Unidas. (2015b). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
OECD. (2011). Green Growth and
Transport.
www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/jtrcpapers.html
Okot, T., Solis, C., & Valverde, F.
(2021). Potential of renewable
energy production: An assessment of Costa Rica’s decarbonization plan. https://doi.org/10.5281/zenodo.5159869
OLADE.
(2024). Movilidad Eléctrica en América Latina y el Caribe. Monitoreando la
Electromovilidad.
OLADE.
(2025). Libro blanco de la movilidad Sostenible en América Latina y el Caribe-2025.
Olivas,
A. (2025). Evolución y desafíos del sector energético de Nicaragua. Revista
de Estudios Socioambientales- Gaia, 1(1), 1–11.
https://doi.org/10.62407/masa1351
ONU.
(2018). MOVILIDAD ELÉCTRICA: Avances en América Latina y el Caribe y
oportunidades para la colaboración regional.
http://movelatam.org/transicion/
Panamá.
(2022). Ley N.o 295 de 25 de abril de
2022, que incentiva la movilidad eléctrica en el transporte terrestre. Gaceta
Oficial Digital N.o 29523-A. In Gaceta
Oficial Digital N.o 29523-A.
Perrotti, D. E., & Sánchez, R. J. (2011). La
brecha de infraestructura en América Latina y el Caribe.
Ramírez,
J., Sompietro, J., Suryasa,
W., Hidalgo, L., Gracia, X., & Chere, B. (2024). Optimal scheduling of renewable energy resources in
energy management systems using hybrid genetic algorithm and particle swarm
optimization. Acta Innovations, 52.
Raz, J. (1979). The rule of law and its
virtue. In The Rule of law and the separation of powers (pp. 195–211).
Reuters. (2024, July 19). Havana’s
roads change as Cubans adopt electric bikes, vehicles.
Https://Www.Reuters.Com/World/Americas/Havanas-Roads-Change-Cubans-Adopt-Electric-Bikes-Vehicles-2024-07-18/.
Rodríguez-Arana,
J. (2007). Principio de seguridad jurídica y técnica norntativa.
Revista de Derecho Administrativo, 3, 251–268.
https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoadministrativo/article/view/16325
Salazar,
J., García, M., & Carrión, D. (2020). Recarga de vehículos eléctricos
mediante una optimización entera mixta con participación de respuesta de la
demanda. Revista de I+D
Tecnológico, 16(2), 2020.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Sánchez,
J. (2021). Minerales críticos en las Américas: Propuestas para fortalecer
las cadenas de suministro Foro de Minería y Desarrollo Sostenible de las
Américas 2021 IGF-BID-CAMMA Jeannette Sánchez Directora
de la División de Recursos Naturales de la CEPAL 10 de agosto de 2021.
Secretaría
de Energía. (2019). Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica-Panamá.
Solorzano,
K. (2025). Impacto Fiscal de la movilidad eléctrica en Costa Rica. Semanario
Universidad.
Souza,
R., González-Quiñonez, L. A., Reyna-Tenorio, L. J., Salgado-Ortiz, P. J.,
& Chere-Quiñónez, B. F. (2024). Renewable
Energy Development and Employment in Ecuador’s Rural Sector: An Economic
Impact Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 14(1),
464–479. https://doi.org/10.32479/ijeep.15297
SuM4All. (2022). Electremobility
and renewable electricity. Developing Infrastructure for synergies.
http://www.sum4all.org
TN8.
(2024, May 26). Nicaragua impulsa la movilidad eléctrica con grandes
inversiones estratégicas.
Https://Www.Tn8.Tv/Nacionales/Nicaragua-Impulsa-La-Movilidad-Electrica-Con-Grandes-Inversiones-Estrategicas/?Utm_source=chatgpt.Com.
Trashorras,
J. (2019). Vehículos eléctricos.
Un-Noor,
F., Padmanaban, S., Mihet-Popa,
L., Mollah, M. N., & Hossain,
E. (2017). A Comprehensive Study
of Key Electric Vehicle (EV) Components, Technologies, Challenges, Impacts,
and Future Direction of Development. https://doi.org/10.20944/preprints201705.0090.v1
Vargas-Chaves,
I. (2026). Seguridad jurídica y derecho supranacional: una relectura desde el
Estado de Derecho Global. Do
Curso Direito Do UNIFOR,
17 (1).
https://revistas.uniformg.edu.br/cursodireitouniformg/article/view/2185
Viscidi, L. (2021). Electric Mobility in
Central America Energy Division. http://www.iadb.org
Anexos
GLOSARIO
El
avance hacia la descarbonización del sector transporte introduce una
terminología técnica y regulatoria nueva en el panorama académico nacional. A
fin de evitar ambigüedades interpretativas y asegurar el rigor analítico del
ensayo, este apartado introductorio provee las definiciones conceptuales que
sustentan el debate sobre el despliegue de la movilidad eléctrica y la gestión
de sus componentes.
Descarbonización: Proceso
mediante el cual los países, organizaciones e individuos buscan reducir su
huella de carbono y avanzar hacia una economía baja en emisiones, contribuyendo
a la mitigación del cambio climático
Movilidad Eléctrica: Es un concepto que hace referencia al uso de
vehículos que utilizan electricidad para alimentar todo o parte de su motor,
proporcionando una alternativa más sostenible a los combustibles fósiles.
Consiste en la integración de nuevas tecnologías para desplazarse. Esta se ha
convertido en uno de los principales objetivos en el mundo para mitigar el daño
al medio ambiente y reducir los efectos del cambio climático
Vehículo Eléctrico: Es impulsado por uno o más motores eléctricos
que utilizan la energía eléctrica almacenada en baterías recargables y la
transforman en energía mecánica. A diferencia de los vehículos de combustión
interna, que funcionan quemando combustible, un vehículo eléctrico obtiene la
tracción de los motores eléctricos. Esta energía se almacena n batería
recargables, las cuales la suministran al vehículo durante su
desplazamiento
Vehículo 100% eléctrico (BEV): Estos
vehículos dependen exclusivamente de la energía almacenada en sus baterías, por
lo que su autonomía depende de su capacidad
Híbrido eléctrico no enchufable (HEV):
Este tipo de vehículo combina un motor de combustión con uno de propulsión
eléctrico. Puede operar de forma totalmente eléctrica o utilizar el motor
eléctrico como apoyo, según el fabricante. El motor de combustión interna puede
cargar las baterías y los HEV también pueden recuperar energía mediante el
frenado regenerativo
Híbrido enchufable (PHEV): Combina
un motor de combustión con una batería y un motor eléctrico. A diferencia de
los híbridos no enchufables, disponen de baterías de mayor capacidad que se
tienen que cargar conectándolas a la red eléctrica
Vehículo Eléctrico de Autonomía extendida (EREV): Tiene
un motor de combustión que no sirve para impulsar el coche, sino que se utiliza
como generador cuando la carga de las baterías se acaba. Suelen ser enchufables
o no a la red eléctrica
Vehículo con pila de combustible de
hidrógeno (FCEV): únicamente
tienen motores eléctricos y la energía no la obtiene de unas baterías, sino de
una pila de combustible que utiliza hidrógeno
Batería Eléctrica: Se refiere a un almacenador electroquímico que transforma energía química en eléctrica
mediante reacciones reversibles. El voltaje o tensión de las baterías se mide
en voltios,
mientras que su capacidad de
carga, es decir, la cantidad de electricidad que pueden
almacenar y, posteriormente, suministrar al tiempo que se descargan, se mide
en amperios por hora.
La capacidad de carga de una batería va disminuyendo en función de su
antigüedad y uso
Centro de Carga: Infraestructura
de suministro o comercialización de energía eléctrica para la recarga de las
baterías de vehículos eléctricos o vehículos híbrido-enchufables. En castellano
también se le conoce como “electrolinera”
Recarga Convencional: Utiliza
un nivel de voltaje convencional, es decir un voltaje de 240 voltios y 16
amperes de corrientes, entregando en ese punto una potencia aproximada de 3.8
kW. Con este nivel de potencia, la batería se demora en cargar en un tiempo
aproximado de 8 horas
Recarga semi-rápida:
Aplica niveles de potencia que implican una carga con una duración de 4 horas
aproximadamente. El nivel de potencia aproximado es de 7.7KW
Recarga Rápida: Utiliza un nivel de corriente eléctrica más
alta que las anteriores, tiene como objetivo entregar la energía en corriente
continua, obteniendo una potencia de salida aproximada de 50 kW. Con este nivel
de potencia, la batería se carga un 60% en un tiempo aproximado de 15 minutos